Luego de 6 años de tramitación en el Congreso, fue aprobada la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, con lo que se inicia una nueva etapa en el proceso de democratización iniciado tras el retorno a la democracia, en 1990. La paradoja es que fue aprobada bajo un gobierno de centro derecha, y a contrapelo de parte sustantiva de la vieja Concertación.
La sesión de Comisión Mixta, propuesta para el 2 de agosto, tenía como materia de discusión la citada ley, sin embargo, a la hora de iniciarse ésta, no había quórum suficiente, por lo que su presidente, senador Hosain Sabag, debió adoptar las medidas para que esta se realizara y no fuera nuevamente convocada como ocurrió innumerables veces. Con la presencia de diputados y senadores se logró finalmente el necesario quórum y con la presencia de la ministra Von Baer, del Ministerio Secretaria General de Gobierno, el proyecto fue finalmente aprobado, por lo que sólo resta su aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Entre los aportes más sustantivos que se alcanzan con esta ley esta la inclusión de un nuevo título a la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Título IV, De la participación ciudadana en la gestión pública cuyos principales contenidos son que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones efectuados a través de sus órganos de administración, existiendo el deber de poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, dando cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, señalando aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas. Establece los Consejos de la Sociedad Civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo. Asimismo, se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades creando el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que reemplaza a los CESCOS.
Se agrega un inciso en el artículo 93 que se refiere al tema de la Ordenanza municipal de participación ciudadana, que señala que ésta deberá contener una mención del tipo de las organizaciones que deben ser consultadas e informadas, como también las fechas o épocas en que habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos y medios a través de los cuales se materializará la participación, entre los que podrán considerarse la elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros”. Asimismo,se rebaja de un 10 a un 5 % el porcentaje de firmas requeridas a nivel comunal para someter a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, la modificación del plan regulador u otras de interés para la comunidad local.
De igual modo reconoce el derecho de todas las personas a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. Este derecho comprende la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales, que son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado. Se constituirá un Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación, y se establecerá el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Este Fondo se constituirá con los aportes, ordinarios o extraordinarios, que la Ley de Presupuestos contemple anualmente en su presupuesto para tales efectos y con los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.
¿Cuál es el sentido estratégico de esta ley ad portas? Desde que fuera recuperada la democracia, en 1990, y tras sellarse un pacto entre la Concertación que iniciaba su gobierno y la dictadura, que estableció los límites o el ancho de la democracia que emergía, los partidos políticos de todos los credos, concordaron con ese diseño de democracia tutelada, sin mecanismos de participación real para expresar sus intereses diversos de una sociedad que se fue complejizado y liberando de las ataduras de partidos del siglo XX.
Cuando en junio de 2004 se presentó el proyecto de ley que hoy se está aprobando, lo cierto es que fueron muchos los parlamentarios de la Concertación y la derecha que nunca estuvieron de acuerdo con otorgar más poder a la ciudadanía, y preferían la comodidad de sus despachos. Con todo, los respaldos que obtuvo la ley fueron transversales. Lo que no deja de sorprender es la falta de sintonía de los actuales políticos con esta ley, lo que refleja de distancia de la población y su dudoso apego por una democracia activa donde sus ciudadanos tengan un lugar.
Esto explica que en el marco de una democracia a la medida de la dictadura, no fue posible contar con consultas ciudadanas, plebiscitos comunales, regionales o nacionales, Defensor del Pueblo, Iniciativa Popular del Ley, Referendum Revocatorio, un sistema electoral que genere representantes con legitimidad democrática, y otras modalidades disponibles en democracias vigorosas y vivas. Este déficit democrático explica en parte la corrupción, el tráfico de influencia, los intereses cruzados, la formación de esferas sociales sobre asistidas por los partidos políticos para mantener formas de control clientelar y seguir lucrando del Estado.
Puede afirmarse que se ha dado un pequeño paso hacia el restablecimiento de la soberanía popular y se inicia el proceso de reencuentro de la historia republica democrática, con una nueva sociedad.
Resta aún la votación en el Senado y la Cámara. Chile está lleno de sorpresas. Esperamos que prime la cordura y el respeto por la sociedad chilena y su historia democrática.
